7.837 Víctimas ocultas: la jep revela una herida abierta en colombia
La Justicia abrió hoy un nuevo y doloroso capítulo en la lucha contra los ‘falsos positivos’ en Colombia. Una auditoría de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha actualizado la cifra de jóvenes asesinados erróneamente como guerrilleros a un escalofriante 7.837 – un aumento de más de mil víctimas con respecto a la cifra anterior de 6.402. Una verdad brutal que, según el magistrado Pedro Elías Díaz Romero, “es el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo.”
Un análisis que profundiza en la colaboración estatal-paramilitar
El magistrado Díaz, en la audiencia del lunes 27 de abril, no solo presentó esta alarmante cifra, sino que desenterró evidencias de una coordinación sistemática entre las fuerzas armadas y grupos paramilitares en la región de Urabá durante el periodo 2004-2005. El informe, que ha sido catalogado por el presidente Petro como “una espantosa revelación”, apunta a una política de facto de colaboración, respaldada por datos georreferenciales que demuestran una ruta constante de operaciones militares y bases instaladas en estrecha proximidad a las zonas de influencia paramilitar.
La declaración explosiva del presidente petro
La reacción del presidente Gustavo Petro fue contundente: “Se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente Uribe y que eran presentados como guerrilleros dados de baja.” El mensaje, publicado en su cuenta de X (@petrogustavo), no es una mera estadística, sino una condena directa a una práctica criminal que, según el mandatario, constituye “el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo.” La JEP documentó, además, que 1.932 de estas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en Antioquia, un número que resalta la magnitud del problema en una de las regiones más afectadas.
Más allá de las estadísticas: un legado de desconfianza
Pero la información que emergió en la audiencia no se limita a la cifra de víctimas. La JEP también reveló datos preocupantes sobre homicidios y desapariciones forzadas presuntamente cometidos por la Fuerza Pública entre 1990 y 2016, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate. Esta nueva valoración, que supera las 7.837 víctimas, es un recordatorio constante de la profunda desconfianza que aún persiste en la memoria colectiva colombiana. Un legado de dolor que exige justicia y verdad.
Un silencio que se rompe
El magistrado Díaz, al detallar estos hallazgos, insistió en que la georreferenciación de las unidades militares y los lugares cercanos a las bases militares “se respaldan” para explicar esta colaboración. La información, aunque impactante, pone de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente para identificar a los responsables y garantizar que estos crímenes no queden impunes. La verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso para la reconciliación.