Agresión en fábrica audienciada: multa y compensación por golpe trasceso
Un trabajador de una planta automovilística en Cantabria ha sido condenado a pagar una multa y compensar económicamente a su compañero tras una agresión ocurrida en el vestuario de la empresa en mayo de 2025. La Audiencia Provincial ha ratificado la responsabilidad penal por lesiones y amenazas, desestimando el recurso de apelación de la defensa.
El incidente: un codo y una amenaza
Según la sentencia, el presunto agresor, identificado como Imanol, golpeó a Prudencio, nombre ficticio, en la espalda con el codo al intentar acceder al vestuario. La frase escalofriante: “Ya te pescaré fuera”. La gravedad del incidente, documentada por informes forenses que establecieron un periodo de recuperación de siete días por contusión y tres por perjuicio personal particular, fue determinante para la condena.
La magistradura ha impuesto dos multas de un mes cada una, con una cuantía diaria de cinco euros, por los delitos de lesiones y amenazas. Además, se ha ordenado el pago de 669 euros en concepto de responsabilidad civil en favor de Prudencio, quien sufrió un trasceso en la espalda. Un dato clave: cuatro trabajadores corroboraron la agresión y las amenazas verbales, aportando testimonios cruciales a la vista.
La defensa, un intento fallido
La defensa de Imanol argumentó que la valoración de la prueba había sido errónea, que no existía una motivación judicial adecuada y que se había vulnerado su derecho a la defensa. También señalaron un presunto ambiente de acoso laboral previo al incidente, alegando que las relaciones entre los trabajadores eran tensas. Sin embargo, la Audiencia Provincial rechazó estas afirmaciones, argumentando que el juicio debía centrarse en los hechos concretos y no en disputas laborales anteriores. La magistrada insistió en que la agresión se produjo por la espalda, descartando la versión de Imanol sobre legítima defensa, y subrayó la falta de pruebas que respaldaran su relato.
La sentencia desestimó por completo los argumentos de la defensa, que había recurrido la decisión inicial de un tribunal inferior. La imposición de las multas y la indemnización representan un claro mensaje sobre la tolerancia cero ante la violencia y las amenazas en el ámbito laboral. La decisión, ejecutiva, abre la posibilidad de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La resolución, sin duda, establece un precedente importante en materia de seguridad laboral y protección de los trabajadores.
El caso, que ha generado controversia, pone de relieve la necesidad de protocolos de prevención y actuación ante situaciones de conflicto en el entorno empresarial. Las costas del recurso se declaran de oficio, y la decisión final podría tener implicaciones significativas para la empresa y sus empleados. Una situación que, sin duda, merece atención y análisis.