Asesinato de periodista en antioquia: audiencia suspendida y presiones para la justicia
El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio El Confidente de Yarumal, ha quedado paralizado por una nueva demora judicial. La audiencia contra Jhon Edison Chala Torrejano, alias ‘Víctor Chalá’, acusado de ser el mandante del crimen, fue suspendida por la falta de un juzgado ambulante, generando una espiral de preocupación en la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
Un caso que desafía la respuesta rápida
La situación pone de manifiesto la fragilidad del sistema judicial colombiano frente a la creciente violencia contra los periodistas, especialmente en zonas rurales como Briceño, donde se libran intensos enfrentamientos entre grupos armados. Pérez Rueda, un investigador incansable de la corrupción y la seguridad, desapareció el 5 de mayo de 2026, dejando tras de sí un legado de denuncias que expusieron la complicidad de actores criminales.
La Flip denuncia que estas suspensiones prolongan la impunidad y debilitan la confianza de la sociedad en la administración de justicia. La organización insiste en que la investigación debe ir más allá de la figura de Chala, desentrañando la estructura criminal que se encuentra detrás de este atroz acto. Se exige esclarecer quiénes ordenaron el asesinato, cómo se planeó y qué fuerzas armadas participaron en los hechos.
El contexto de la violencia en el norte antioqueño
El asesinato de Pérez Rueda se enmarca en un contexto de creciente inestabilidad en el norte de antioquia, donde el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc se disputan el control territorial. Según investigaciones, alias Víctor Chalá habría sido enviado desde el Cauca para fortalecer la presencia de estas organizaciones armadas, ordenando además acciones de intimidación contra la población civil y participando en el desplazamiento masivo ocurrido en Briceño.
Las autoridades han vinculado a Chala con investigaciones previas por extorsión y homicidios en el Huila, evidenciando su radicalización y su participación en la organización criminal. Se ha ofrecido una recompensa de 300 millones de pesos por información que conduzca a su captura.
Más allá del ejecutor material: la necesidad de una investigación integral
La Fundación para la Libertad de Prensa subraya que el caso Pérez Rueda no puede reducirse a la detención de un ejecutor material. Es imperativo investigar la totalidad de los responsables, tanto los que dieron las órdenes como los que colaboraron en la planificación del crimen. La búsqueda de justicia exige un análisis exhaustivo de la red criminal que orquestó este asesinato, garantizando verdad, justicia y reparación para la familia de la víctima.
La organización insta a las autoridades judiciales a garantizar un trámite oportuno y eficaz, evitando nuevas demoras que socaven el derecho de las víctimas a obtener una respuesta rápida de la justicia. El silencio ante estos crímenes, como el de Pérez Rueda, es un caldo de cultivo para la impunidad y un ataque directo a la libertad de prensa en Colombia. La verdad, la justicia y la reparación deben prevalecer, sin importar las presiones políticas o los intereses creados.