Caos electoral en perú: onpe en la mira tras jornada histórica
Lima amaneció el lunes con la sombra de un fallo logístico sin precedentes en las Elecciones Generales. La tardía instalación de mesas de votación, un problema que se arrastró durante horas, obligó a miles de peruanos a regresar a las urnas al día siguiente, poniendo en tela de juicio la capacidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Un récord desafortunado: 211 mesas sin instalar
Las cifras hablan por sí solas: 211 mesas quedaron sin instalar en Lima, una cantidad que supera con creces los registros de los últimos cuatro comicios presidenciales. En 2011, fueron 47; en 2016, 26; y en 2021, la pandemia complicó la situación con 499 mesas sin habilitar. Pero este año, en un contexto de relativa normalidad, el número se disparó, evidenciando una falla sistémica en la organización. La demora en la instalación superó las cuatro horas en muchos puntos de la capital, generando largas colas y frustración entre los votantes. La imagen de un trabajador electoral ayudando a un ciudadano a emitir su voto se convirtió en el símbolo de un día electoral marcado por el desorden.
¿Ausencia ciudadana o gestión institucional deficiente?
Si bien la abstención se redujo al 23.8% en comparación con el 29.95% registrado en 2021, la baja participación no es el factor determinante. Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, lo apuntó con claridad: “Este año se mantuvo por debajo del 1% del total, similar o superior a las elecciones de 2021 y 2016”. La migración y la edad de los votantes, que mantienen su inscripción a pesar de residir en el extranjero o superar los 70 años, influyen en la medición real de la abstención, pero no justifican el colapso logístico.
Un desafío administrativo sin precedentes
La ONPE se enfrentó a la tarea de habilitar 92.720 mesas a lo largo del país, un despliegue masivo que, por primera vez, se vio afectado por errores organizativos a esta escala. Aún quedan por revisar alrededor de 5.000 actas, un proceso inédito que pone de manifiesto la magnitud de los desafíos administrativos. En distritos como Villa El Salvador, la participación superó el 75%, mientras que en Lurín se situó en el 67%, mostrando disparidades significativas en la respuesta ciudadana.
La pregunta que queda en el aire no es si los peruanos acudieron a las urnas, sino si la ONPE fue capaz de garantizar un proceso electoral justo y transparente. El análisis de Punto Final reveló diferencias marcadas entre distritos, reflejando la complejidad de un país diverso y con necesidades específicas.