Caos en el rodadero: turistas y grúas en un enfrentamiento
Santa Marta se enfrenta a un nuevo episodio de creciente tensión en El Rodadero, su principal atractivo turístico. Un operativo de tránsito para desalojar vehículos estacionados ilegalmente derivó en un altercado protagonizado por ciudadanos que intentaron liberar motocicletas ya inmovilizadas, generando imágenes impactantes que circulan en redes sociales.
La protesta ciudadana: ¿justicia o anarquía?
Los videos, grabados por usuarios como @idinaelferca19/X, muestran a un grupo de personas abordando un vehículo de tránsito e impidiendo que las motocicletas fueran llevadas a grúas. La escena, filmada en plena Semana Santa, se tornó tensa cuando algunos participantes celebraron la recuperación de los vehículos, mientras que otros se mostraban visiblemente alterados por la situación. La alcaldía de Santa Marta ha condenado el hecho, pero también ha reafirmado su compromiso con el mantenimiento del orden y la seguridad vial, insistiendo en que los comparendos emitidos por infracciones de estacionamiento siguen vigentes.
Pero la situación en El Rodadero va más allá de simples infracciones de tránsito. La zona se encuentra en el centro de una crisis de seguridad más profunda, alimentada por la presencia de grupos armados y la aparente ausencia del Estado.
Los pachenca: control territorial y extorsión a voces
En febrero de 2026, un accidente de tránsito reveló una red de amenazas y extorsión liderada, según el testimonio de Luis Miguel Moisés, defensor ambiental, por integrantes de Los Pachenca, una organización armada asociada a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). Moisés denunció que su hijo fue obligado a entregar 1,5 millones de pesos bajo intimidación, y lamentó la falta de respuesta de las autoridades en ese momento. “No nos protegen, son ellos los que nos extorsionan”, denunció el defensor, exponiendo una realidad alarmante.
La denuncia de Moisés no es un caso aislado. El defensor asegura que Los Pachenca, y otros grupos similares, cobran sumas de dinero a comerciantes y residentes de forma sistemática. “En cada barrio de Santa Marta, estos grupos nos cobran semanalmente”, explicó Moisés, revelando una dinámica de control territorial que paraliza la economía local. Incluso, según su testimonio, se recurre a grupos armados en lugar de a la Policía para resolver conflictos menores.
Los Pachenca, aunque niegan formalmente su participación en los hechos, admiten ejercer “control territorial” en la región, justificándolo como una respuesta a la “ausencia estatal”. Un argumento que, según Jennifer del Toro, titular de la Alta Consejería para la Paz del Distrito de Santa Marta, es inaceptable. “Ninguna organización armada puede suplantar al Estado”, enfatizó, instando a la Fiscalía y a la Policía Metropolitana a actuar con determinación.
La situación en El Rodadero exige una respuesta contundente por parte de las autoridades. Mientras los residentes y turistas se enfrentan a la inseguridad y la extorsión, la recuperación del control estatal se presenta como la única vía para garantizar la paz y el desarrollo de esta importante zona turística. La cifra habla por sí sola: cada peso pagado en