Cerredo: fallos graves de la administración facilitaron la tragedia
La tragedia de Cerredo, donde cinco mineros perdieron la vida en marzo de 2023, no fue un accidente aislado. Un informe de la Inspección General del Principado de Asturias revela una alarmante cadena de negligencias por parte del Servicio de Minas, que no solo fue permisivo con las empresas explotadoras, Combayl y Blue Solving, sino que activamente facilitó condiciones de riesgo.
Un control administrativo prácticamente inexistente
El documento, ahora público, destapa una “inactividad administrativa” generalizada en cuestiones de seguridad, medio ambiente y restauración, evidenciando una falta de rigor asombrosa. Lo que nadie cuenta es que el Servicio de Minas no investigó a fondo la capacidad y solvencia de las empresas responsables, a pesar de indicios claros de irregularidades. La Inspección General señala que no se solicitó ni se analizó un informe técnico exhaustivo sobre las actividades de Combayl y Blue Solving, ni siquiera cuando las toneladas de carbón extraídas presentaban discrepancias significativas.
Pero hay un detalle aún más preocupante: Combayl, la empresa que inicialmente explotaba la mina, había traspasado los derechos a Blue Solving, ambas vinculadas al empresario leonés conocido como Chus Mirantes, mientras se encontraban inmersas en dos procedimientos sancionadores. Uno de ellos, particularmente revelador, se refería a actividad minera clandestina en la misma explotación. Un dato que el Servicio de Minas, inexplicablemente, ignoró.
La solicitud de conformidad y la espera de diez meses
Lo que la Inspección califica de “especialmente grave” es la rapidez con la que Blue Solving, apenas dos días después de asumir la titularidad de la mina, solicitó la conformidad de la administración asturiana para un contrato que permitía a la anterior propietaria continuar con las labores de extracción. El Servicio de Minas, en lugar de oponerse o cuestionar la legalidad de este acuerdo, lo aceptó sin reservas, permitiendo que se continuara con la actividad extractiva. Y, para colmo, no se realizó ninguna inspección en la mina hasta diez meses después de la explosión.
La Fiscalía ha recibido el informe de la Inspección General, que ha recomendado a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo que investigue las responsabilidades derivadas de esta fallida gestión. Aunque el consejero Borja Sánchez ha evitado hablar de responsabilidades políticas, ha prometido abordar las once recomendaciones formuladas por la Inspección.
La cifra habla por sí sola: cinco vidas perdidas, un legado de negligencia y un sistema de control que, al menos en el caso de Cerredo, demostró ser profundamente deficiente. La pregunta que queda en el aire no es si se tomarán medidas, sino si serán suficientes para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.