Ceuta: el agente de policía juzgado por asesinato vuelve a sentarse en el banquillo
Un nuevo juicio para Alonso Miguel G.D., el agente de la Policía Local en Ceuta condenado inicialmente a 35 años y medio de prisión por el asesinato de su esposa, María de los Ángeles Lozano. Tras una anulación del veredicto por falta de motivación, el agente ha sido liberado tras cuatro años de preventiva y ahora enfrenta un nuevo proceso, que se prolongará hasta mediados de la próxima semana.
Un veredicto cuestionado y una defensa insistente
El caso, que conmocionó a Ceuta en marzo de 2022, se reabre tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de declarar nulo el acta del veredicto anterior. El jurado popular, en la primera instancia, había declarado culpable a Alonso Miguel G.D. del asesinato de su esposa en el domicilio conyugal, perpetrado con un disparo frente a la presencia de su hija adolescente, entonces con 17 años. Pero la defensa, a través de un recurso contundente, argumentó un quebrantamiento de forma y vulneración de garantías procesales, así como una incorrecta valoración de la prueba en relación con la presunción de inocencia y la calificación jurídica de los hechos.
La fiscalía se enfrenta ahora a la tarea de demostrar, una vez más, la culpabilidad del agente. La hija del matrimonio, testigo clave en la primera vista oral, volverá a testificar, junto a familiares del agente y expertos policiales. La complejidad del caso reside en la necesidad de convencer al nuevo jurado popular de la gravedad de los actos imputados a Alonso Miguel G.D., quien, hasta el momento, ha permanecido en libertad tras un largo periodo de preventiva.
La víctima, María de los Ángeles Lozano, notificadora judicial en los juzgados de la ciudad, falleció en el acto, dejando huérfanos a sus dos hijos, uno de ellos menor de edad. El impacto del crimen en la comunidad es innegable, y la expectativa por la resolución de este segundo juicio es palpable.
Lo que nadie cuenta es cómo esta situación afecta a la hija del matrimonio, atrapada en un proceso judicial que ha marcado su vida desde la adolescencia. La niña, ahora mayor, deberá revivir el trauma ante los ojos del jurado, un testimonio crucial para determinar el futuro del agente.
La cifra habla por sí sola: 35 años y medio de prisión, la pena inicial a la que fue condenado Alonso Miguel G.D. Un tiempo que podría cambiar, dependiendo de la decisión del nuevo jurado popular, y que pone de manifiesto la fragilidad del sistema judicial y la dificultad de alcanzar la verdad en casos tan complejos como este.