Colombia al borde del abismo fiscal: el carf grita ajuste urgente
El sistema de control fiscal colombiano, el Carf, ha lanzado una bomba: Colombia se enfrenta a un agujero presupuestario de proporciones catastróficas. No se trata de una predicción vaga, sino de un cálculo frío y despiadado que apunta a un recorte fiscal de entre el 4% y el 5% del Producto Interno Bruto en los próximos cuatro años, o el país se hundirá en una espiral de deuda y desconfianza internacional.
Una deuda que se duplica y se vuelve insostenible
El informe del Carf es brutal. La deuda pública neta cerró 2025 en un alarmante 58,5% del PIB, una cifra que, según sus cálculos, podría dispararse hasta el 65,3% en 2030 si no se toman medidas drásticas. Y lo peor es que ese descenso, tan maquillado por una apreciación del peso, es solo una apariencia. Sin ese efecto cambiario, la deuda habría superado con creces las proyecciones, arrastrando a Colombia a una calificación crediticia de S&P Global Ratings que no ha visto en más de 30 años – BB-, el nivel más bajo de América Latina. Esto confirma, en pocas palabras, que la confianza de los mercados internacionales se está desmoronando a una velocidad vertiginosa.
La situación es tan grave que las primas de riesgo, ya elevadas, se duplican en comparación con el promedio regional y superan incluso los niveles alcanzados tras la pérdida del grado de inversión en 2021. No es un espejismo, es una señal de alarma que no se puede ignorar.
El déficit fiscal, una herida abierta
Pero la historia no termina ahí. El déficit fiscal, que ya se situaba en un preocupante 3,7% del PIB para 2026 (superado por la estimación de 5,6% de S&P), es solo la punta del iceberg. El informe del Carf revela una serie de factores estructurales que alimentan esta crisis: ingresos tributarios estancados pese a las reformas, una evasión fiscal rampante y recargos excesivos sobre los contribuyentes. El gasto público, por su parte, se ha vuelto inflexible, concentrado en rubros obligatorios que dificultan cualquier intento de recorte.
Germán Ávila, el ministro de Hacienda, intenta tapar las grietas con aplazamientos presupuestales –una maniobra de poco valor, para ser franco–, pero la verdad es que el Ejecutivo no ha presentado el decreto de recorte que realmente necesita. Y la tendencia a sobreestimar los ingresos fiscales en los últimos años ha agravado la situación, según admite el propio Carf. El uso de la cláusula de escape, que permite al gobierno saltarse sus propios límites fiscales, solo ha contribuido a alejar la posibilidad de un reencauzamiento hacia una senda sostenible.
El congreso, la última línea de defensa
El Carf no se limita a señalar el problema, sino que exige soluciones. Un ajuste fiscal que combine recortes de gasto con un aumento de ingresos, priorizando la gradualidad y protegiendo a la población vulnerable. Pero la clave está en el Congreso, que debe ejercer su rol de control y exigir responsabilidades. El organismo advierte, con una claridad implacable, que el incumplimiento de las metas fiscales oficiales en 2025, y la posibilidad de nuevas desviaciones en 2026, pone en jaque la disciplina fiscal que exige la Regla Fiscal. Si se hubieran respetado las metas con la activación de la cláusula de escape, el ajuste pendiente habría sido de 1,4% del PIB. Hoy, ese ajuste asciende a un 4,1%.
La situación es, sin duda, crítica. Y la respuesta no puede ser una mera maniobra de maquillaje. Colombia necesita un cambio de rumbo, y rápido. De lo contrario, se arriesga a precipitarse hacia un abismo fiscal de consecuencias imprevisibles.