Colpensiones: el gobierno petro detiene el ‘asalto’ a 25 billones y desata la incertidumbre
El Consejo de Estado ha frenado de forma contundente el plan del Gobierno de Gustavo Petro para trasladar 25 billones de pesos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones, un movimiento que generaba un pánico palpable entre los afiliados y amenaza con desestabilizar el sistema pensional.
Una medida cautelar, no una sentencia definitiva
La decisión judicial, que impide el traslado inmediato de estos fondos, se basa en una clara extralimitación reglamentaria por parte del Ejecutivo. El Decreto 415 de 2026, impulsado por el gobierno, pretendía una reasignación masiva que, según el tribunal, no se ajustaba a la legalidad vigente y generaba riesgos de irreversibilidad en caso de futura anulación.
Como señala Diana Milena Bolívar, abogada líder en Derecho Laboral y Seguridad Social, “El Ejecutivo no llenó un vacío normativo, sino que contradijo la interpretación oficial previa, totalmente compatible con el marco legal vigente”. La situación es delicada: la transferencia de 25 billones representaba un cambio radical, con implicaciones financieras y operativas descomunales. Una vez que los recursos se hubieran trasladado, revertir la operación implicaría un entramado complejo de títulos de deuda, inversiones y rendimientos, con consecuencias potencialmente devastadoras para los afiliados.
Asofondos ha pedido, con razón, que se extienda esta medida cautelar también a los 5 billones restantes, vinculados a personas que ya reciben pensión. La gravedad radica no solo en la ilegalidad del decreto, sino en su potencial irreversibilidad práctica, un riesgo que el Consejo de Estado ha considerado inaceptable.
El Ministro Antonio Sanguino, visiblemente preocupado, no dudó en denunciar que la medida favorece al ‘capital financiero’ en detrimento de los derechos del ‘pueblo trabajador’. Una ironía amarga, considerando que el verdadero perjuicio recae sobre la seguridad y la estabilidad de millones de colombianos que han construido su futuro pensional.
La confianza en el sistema en juego
La suspensión provisional, aunque temporal, es un mensaje claro: el control judicial de la actividad administrativa es crucial para proteger los derechos adquiridos y garantizar la seguridad jurídica. Como afirma Bolívar, “los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado lo hicieron bajo unas reglas claras. Cambiarlas de manera abrupta, en su perjuicio y sin habilitación legal, es una forma de traicionar la confianza legítima que el Estado mismo generó”.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la previsibilidad normativa en el sistema pensional. Cualquier modificación repentina y desmedida, como la que intentó el Gobierno Petro, socava la confianza pública y genera incertidumbre sobre el futuro de los ahorros pensionales. La estabilidad del sistema y la defensa de los derechos de los afiliados dependen, en última instancia, de la capacidad del Estado para actuar con responsabilidad y respeto a la legalidad.