Condenado a casi medio siglo por la muerte de su hijastro: un caso que sacude a colombia
Richard Antonio Pérez, exsuboficial del Ejército colombiano, afrontará una pena de más de 48 años de prisión tras una doble condena que ha conmocionado al país. La justicia lo ha hallado responsable no solo de la muerte de su hijastro, Sergio Andrés Pérez Carrascal, sino también de los crueles actos de tortura y negligencia que precedieron a su trágica muerte en 2016.
Una custodia robada y un infierno de aislamiento
El caso, que ha reabierto viejas heridas sobre la vulnerabilidad infantil en Colombia, comenzó en 2013, cuando Pérez, sin la autorización de la madre biológica, trasladó al pequeño Sergio Andrés desde el Meta a Medellín. Aprovechándose de un acta de conciliación, el exmilitar obtuvo la custodia del niño, iniciando un calvario de tres años para la madre, quien luchó infructuosamente contra la decisión judicial.
Lo que nadie cuenta es la meticulosidad con la que Pérez construyó su fachada. Se mudó a un apartamento en Sol de Villanueva, adoptando un nombre falso, “Cristian”, para ocultar su verdadera identidad a los vecinos. Durante más de un año, Sergio Andrés fue recluido en la vivienda, privado de educación, contacto social y, lo que es peor, de cualquier forma de cuidado básico.
La Fiscalía General de la Nación documentó un régimen de negligencia y maltrato sistemático: el niño era dejado solo durante largas jornadas, alimentado precariamente y sin atención médica para las lesiones que sufría. Un análisis forense reveló una fractura en el antebrazo izquierdo, nunca tratada, así como hematomas en diferentes fases de curación y una profunda herida en la rodilla.
La noche fatal: un engaño que desveló la verdad
El 6 de febrero de 2016, la vida de Sergio Andrés llegó a su fin. Pérez llevó al niño a la Clínica Medellín cerca de las 11:00 p. m., alegando vómitos severos. Pero el diagnóstico fue demoledor: el menor llegó sin signos vitales, con las pupilas dilatadas y sin pulso. El informe forense reveló la cruda realidad: traumatismos severos en intestinos, bazo, páncreas y riñones, producto de una brutal golpiza.
La autopsia concluyó que la causa de la muerte fue un choque hipovolémico, resultado de la ruptura de vasos mesentéricos. La versión del vómito, presentada por Pérez, fue desmentida por la evidencia forense, dejando al descubierto una larga secuencia de agresiones físicas.
La defensa fallida: doble condena y el peso de la evidencia
La defensa de Pérez intentó argumentar que no podía ser juzgado dos veces por los mismos hechos, alegando la condena previa por homicidio. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín rechazó este argumento, ratificando que los delitos de homicidio y tortura son autónomos y responden a conductas independientes. La condena por tortura, en particular, castiga las acciones sistemáticas previas de maltrato y confinamiento que infligieron un profundo dolor físico y psíquico al menor.
Este caso, más allá de la tragedia individual, expone las fallas en los sistemas de protección infantil y la dificultad que enfrentan las instituciones para intervenir en situaciones de maltrato crónico. La estrategia de ocultamiento y la identidad falsa utilizada por Pérez solo sirvieron para prolongar el sufrimiento del pequeño Sergio Andrés, dejando una cicatriz imborrable en la sociedad colombiana. Con una acumulación de sentencias que superan las cinco décadas, la justicia colombiana ha respondido con contundencia a esta atrocidad, pero la sombra de esta tragedia recordará para siempre la fragilidad de la infancia y la urgencia de protegerla.