Fortaleciendo la resistencia democrática frente a la represión
- El endurecimiento represivo actual
- La ley mordaza: una herramienta de control
- El derecho penal de autor y la instrumentalización judicial
- La eliminación de garantías judiciales
- La ineficacia de la ley y el papel de los tribunales
- Construyendo la resistencia democrática a través de la acción
- La urgencia de la emergencia social
El endurecimiento represivo actual
En los últimos tiempos, se ha intensificado la represión contra la disidencia. Las manifestaciones son sistemáticamente respondidas con cargas policiales, identificaciones, multas e incluso detenciones, a veces con solicitudes de penas de prisión severas, como en el caso de Alfón y otros miembros del colectivo anarquista detenidos el 17 de diciembre, así como numerosos sindicalistas. Este clima de intimidación busca silenciar las voces críticas y restringir el ejercicio de derechos fundamentales.
La ley mordaza: una herramienta de control
La llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que el gobierno promueve con un lenguaje hipócrita, es en realidad una ley de seguridad del régimen. Crea delitos específicos para criminalizar protestas sociales, abarcando acciones como la difusión de mensajes en Twitter, sentadas pacíficas, escraches, cercos al Congreso y ocupaciones de espacios públicos. Esta ley atenta contra los principios democráticos.
El derecho penal de autor y la instrumentalización judicial
La Ley Mordaza introduce el controvertido concepto de “derecho penal de autor”, que desplaza el foco de la responsabilidad individual hacia la identidad del acusado, independientemente de la gravedad del delito imputado. Además, recentemente ha legalizado el tráfico de personas en la frontera, facilitando las llamadas “devoluciones en caliente”, una práctica que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional.
La eliminación de garantías judiciales
Un aspecto alarmante de esta ley es la eliminación de la garantía de ser juzgado por un juez. Anteriormente, las sanciones eran revisadas por la justicia, permitiendo alegaciones y defensa. Ahora, la propia ley determina las sanciones, eliminando la independencia judicial y socavando la separación de poderes. Esto supone una grave regresión en el estado de derecho.
La ineficacia de la ley y el papel de los tribunales
A pesar de los esfuerzos del gobierno, los Tribunales han anulado una gran parte de las sanciones impuestas por la Delegación del Gobierno en Madrid. Los jueces han demostrado no estar de acuerdo con las sanciones impuestas a manifestantes, lo que ha llevado a la eliminación de estos jueces del procedimiento, transformando infracciones penales en sanciones administrativas. Esta resistencia judicial subraya la fragilidad de la ley y la importancia de la independencia judicial.
Construyendo la resistencia democrática a través de la acción
Cada movilización, cada acción directa, cada asamblea, cada charla y cada enfrentamiento a las políticas antidemocráticas del régimen contribuye a la construcción de una cultura de resistencia democrática. Es fundamental mantener la movilización y la organización para contrarrestar la represión y defender los derechos sociales. La solidaridad y la acción colectiva son claves para superar este desafío.
La urgencia de la emergencia social
Vivimos en una emergencia social grave, marcada por más de 300 desahucios al día, 700 mujeres víctimas de feminicidio en los últimos 10 años, más de 3 millones de niños y niñas bajo el umbral de la pobreza, millones de trabajadores sin empleo y miles de personas sin acceso a la asistencia sanitaria, como los enfermos de hepatitis. El sistema actual no solo no resuelve estos problemas, sino que los agrava. Debemos luchar contra la represión, la Ley Mordaza, la reforma del Código Penal, la imposición de la deuda y todos los ataques a los ciudadanos.