Costa rica endurece las penas por el acceso ilegal a sus parques nacionales
Multas de hasta 4.6 millones de colones castigan el intrusismo en los ecosistemas protegidos, un golpe contundente para quienes vulneran la frágil biodiversidad de la nación.
Un castigo ejemplar para proteger el patrimonio natural
A partir de abril, Costa Rica aplicará sanciones económicas sin precedentes a quienes accedan ilegalmente a los parques nacionales. La nueva legislación, aprobada en febrero, eleva las multas a niveles astronómicos – hasta 4.6 millones de colones, equivalentes a casi 9.000 dólares – para disuadir este tipo de conductas y proteger los entornos más sensibles.
La medida, impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía, no solo contempla sanciones para individuos, sino también para operadores turísticos que faciliten estas entradas no autorizadas. Se trata de un mensaje claro: el acceso ilegal a zonas catalogadas como de alto riesgo, como los cráteres volcánicos, puede resultar en multas que superan los 3 millones de colones, llegando hasta los 4.6 millones.
Datos preocupantes: el irazú, foco de intrusiones
Las cifras revelan la magnitud del problema. En solo un trimestre, el SINAC detectó a 408 personas ingresando por puntos no autorizados a zonas protegidas. El volcán Irazú fue el epicentro de estas infracciones, con 200 ingresos ilegales, seguido de cerca por la isla San Lucas (88 registros) y los volcanes Arenal, Poás y Turrialba.
La jefa del Departamento de Control y Protección del Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC), Yeimy Cedeño, enfatizó que estas acciones no solo ponen en riesgo la seguridad de los visitantes, sino que también generan daños ambientales irreversibles y amenazan la supervivencia de especies endémicas. «El ingreso y la realización de actividades no autorizadas provocan daños ambientales, alteran hábitats y ponen en riesgo especies que pueden estar amenazadas o ser endémicas», afirmó.
El dinero recaudado, a la protección
Los fondos obtenidos gracias a estas multas se destinarán directamente a reforzar las labores de control, vigilancia y protección en las áreas silvestres. Una inversión en la sostenibilidad de estos espacios, un esfuerzo que busca garantizar la capacidad de respuesta ante futuras infracciones y proteger la integridad de la biodiversidad costarricense.
Una estrategia para preservar el futuro
La nueva ley representa una apuesta decidida por la conservación del patrimonio natural de Costa Rica. Un mensaje contundente que busca no solo sancionar las infracciones, sino también promover un uso responsable del territorio y proteger a las generaciones futuras de los efectos devastadores del intrusismo. La protección de estos ecosistemas es, sin duda, una prioridad para el país.