Desaparición de un niño en tepoztlán: una madre exige justicia y desata la alarma
La angustia de Maley Deh Lenschlager, ciudadana estadounidense, se hizo patente hoy en Cuernavaca, donde denunció la desaparición de su hijo de seis años, sustraído por su expareja, John Peter Fabrice Allonche, en Tepoztlán, Morelos.
Un muro de rostros, un grito de desesperación
Ante un inquietante muro de fotografías de personas desaparecidas, la madre, visiblemente afectada, exigió a las autoridades que actúen con urgencia. La denuncia, presentada hace semanas, ha permanecido en el limbo, alimentando la creciente preocupación por el bienestar del menor y el temor a que sea sacado ilegalmente del país.
Lenschlager relató cómo la Fiscalía General de Justicia de Morelos, a pesar de sus reiteradas solicitudes, ha mostrado una lentitud alarmante en la investigación. “Llevo semanas pidiéndolo. He estado en la Fiscalía y en Juzgado familiar, pero nada avanza,” declaró con voz quebrada, evidenciando la frustración de una madre que se siente abandonada.
El caso, que ha escalado a otras entidades a raíz de la atención pública, se complica aún más por la nacionalidad trilateral del niño: mexicana, estadounidense y francesa. Esto, según la madre, aumenta el riesgo de que Allonche, con quien enfrenta un proceso de separación por violencia familiar, pueda facilitar su salida del territorio nacional.
La Fiscalía de Morelos, por su parte, se mantiene en silencio sobre los avances de la investigación, lo que agrava la situación y alimenta la desconfianza de la familia. Se sabe que Allonche habría actuado el pasado 24 de abril, fecha en la que se perdió el contacto con el niño.
“Necesito que alguien me ayude aquí, que las autoridades intervengan. Somos una comunidad y lo estamos haciendo nosotros mismos, y no debería ser así; deberían hacerlo las autoridades,” exclamó la mujer, subrayando la necesidad de una respuesta efectiva y coordinada. La situación exige una acción inmediata, no solo por el bienestar del niño, sino también para evitar la perpetuación de una práctica inaceptable: que la búsqueda de un menor desaparecido recae en manos de la ciudadanía, en lugar de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la protección de los derechos humanos.
La complejidad del caso, con la participación de múltiples nacionalidades y el antecedente de violencia familiar, plantea un desafío considerable para las autoridades. La rapidez con la que se resuelva la desaparición de este niño podría ser un indicador crucial de la eficacia de las instituciones en la protección de la infancia y la lucha contra la impunidad.