Caputo aprieta el grifo: 12 provincias a merced de adelantos
El Gobierno de Milei, a través del Ministerio de Economía, ha desatado una ola de tensiones al aprobar un decreto que permite adelantos de la coparticipación federal a tan solo 12 provincias, dejando a once jurisdicciones en una situación financiera precaria. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial como Decreto 219, se justifica por una caída en la recaudación nacional que ha impactado directamente en los fondos que las provincias reciben automáticamente.
La caída de la recaudación: un problema estructural
La cifra de marzo – $16,07 billones– confirma una sangría en las arcas públicas. Según un informe del diputado Guillermo Michel, las provincias han perdido cerca de $1,1 billones en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 5,6% en comparación con el mismo período de 2025, descontando la inflación. Esta disminución en los recursos tributarios ha forzado al Gobierno a implementar un sistema de adelantos, pero la selectividad de los beneficiarios ha generado un profundo malestar.
¿A quién beneficia esta jugada?
Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán son las elegidas para recibir estos adelantos, que suman un máximo de $400.000 millones. Una fuente provincial, que pidió permanecer en el anonimato, reveló un acuerdo previo con la Casa Rosada: “Las 12 lo van a pedir. Ya está acordado, cada uno pidió un adelanto en base a necesidades y el Gobierno ordenó el número”. Esta declaración pone en tela de juicio la transparencia del proceso, sugiriendo que la asistencia financiera está condicionada a la lealtad política.
El poder de fuego de caputo
El Decreto 219 otorga un poder considerable al ministro de Economía, Luis Caputo. La Secretaría de Hacienda, bajo su mando, será la encargada de definir el monto específico para cada provincia, en función de su capacidad de pago y su participación en la recaudación. Además, la norma faculta a la Secretaría a disponer las condiciones de desembolso e incluso a cancelar los anticipos, con los intereses correspondientes – una tasa fija nominal anual del 15%–. Este control centralizado genera inquietud sobre la autonomía financiera de las provincias y el potencial uso de los adelantos como herramienta de presión política.
Las que quedan fuera: una lista de agravios
Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero se quedan sin acceso a esta ayuda financiera, mientras las provincias beneficiadas reciben un alivio que, según Michel, apenas llega al 36% de lo que realmente perdieron.
Una explicación cuestionable
El ministro Caputo atribuye la caída de la recaudación a la eliminación de impuestos, pero los datos de marzo contradicen parcialmente esta afirmación. Si bien el impuesto a los Débitos y Créditos ha mantenido su nivel, los impuestos ligados al consumo, como el IVA, han experimentado una caída más pronunciada, evidenciando un problema más profundo que la simple reducción de gravámenes. La utilización de fondos del Tesoro Nacional, incluso con la promesa de reembolso y intereses, agrava la situación fiscal y podría complicar el cumplimiento de los compromisos de deuda.
La decisión de Caputo, lejos de ser una solución puntual, parece sentar las bases de una nueva estrategia de control financiero sobre las provincias, dejando en evidencia la fragilidad del pacto federal y las consecuencias de una política económica selectiva.