El candidato progresista steyer, atrapado en el pasado de inversiones en cárceles
Tom Steyer, aspirante a gobernador de California, se enfrenta a una tormenta de críticas que amenazan con hundir su campaña. El origen de su fortuna, ligada a inversiones en empresas de prisiones privadas, resurge con fuerza en un momento crucial de la contienda electoral. El debate, lejos de amainar, se intensifica justo antes de las primarias del 2 de junio.
Un pasado empresarial que empaña la imagen progresista
Durante años, el historial empresarial de Steyer ha sido objeto de escrutinio, pero las protestas recientes en San Diego, donde una votante le exigió explicaciones sobre su relación con el centro de detención de Otay Mesa, han desatado una nueva ola de indignación. Holly Taylor, la mencionada votante, calificó el centro como un “campo de concentración”, denunciando condiciones inhumanas que incluyen obligar a los detenidos a beber agua de los inodoros. Una acusación grave que ha resonado con fuerza en un estado marcado por la sensibilidad hacia los derechos de los inmigrantes.
Farallon Capital, el fondo de inversión que Steyer cofundó, poseía acciones valoradas en 89,1 millones de dólares en Corrections Corp. of America (hoy CoreCivic) en 2005, según datos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. CoreCivic, una de las mayores empresas de prisiones privadas del país, ha sido objeto de constantes críticas por las condiciones en sus instalaciones, donde se albergan personas detenidas por agentes federales.
Esta controversia ha sido aprovechada por sus rivales en la carrera por la gobernación. Tony Thurmond, el superintendente estatal de Educación Pública, no ha dudado en señalar que Steyer “ha hecho millones con compañías que operan centros de detención del ICE y prisiones privadas que encarcelan a niños pequeños”. Eric Swalwell, congresista, fue aún más directo en la red X, acusando a la campaña de Steyer de “construirse sobre las espaldas de niños enjaulados”.
¿Arrepentimiento genuino o simple estrategia?
Steyer ha reconocido públicamente el error de esas inversiones, argumentando que las vendió hace más de veinte años, no por falta de rentabilidad, sino por una “llamada de atención” sobre los valores en los que no quería participar. Sin embargo, la persistencia de ingresos significativos derivados de Farallon Capital, según los reportes fiscales presentados ante la Secretaría de Estado de California, alimenta las dudas sobre la sinceridad de su arrepentimiento.
Su campaña insiste en que Steyer ha implementado una política que excluye inversiones en empresas de combustibles fósiles, préstamos abusivos o prisiones privadas, y que dona las ganancias indirectas a organizaciones benéficas. Pero la cifra de 2.400 millones de dólares que Forbes atribuye a su fortuna, lo sitúa entre los mayores donantes demócratas del país, y le permite financiar su campaña con una generosidad inusitada. Ha destinado ya 112 millones a su campaña, inundando el estado con más de 5.000 anuncios publicitarios en el último mes.
La historia de Meg Whitman en 2010, quien invirtió 144 millones de dólares sin lograr el cargo, sirve como un recordatorio de que el dinero no lo es todo en política. El debate sobre la transparencia financiera y los valores progresistas se ha convertido en el eje central de esta contienda, y el escrutinio sobre el pasado empresarial de Steyer se intensifica a medida que se acercan las primarias. Incluso su propia alma máter, la Universidad de Yale, ha sido presionada para deshacerse de sus participaciones en Farallon.
Steyer, en una reciente reunión en Sacramento, afirmó: “Dejé mi negocio hace 14 años. Cualquiera que se preocupe por el dinero no habría hecho eso”. Pero la realidad es que sus inversiones, pasadas y presentes, siguen generando controversia y cuestionando su autenticidad como defensor de los derechos humanos. La pregunta que se hacen muchos votantes en California es si un hombre cuya fortuna se construyó sobre la explotación de personas vulnerables puede realmente ser el líder que necesita el estado.