El gobierno, a la carga: rebaja el iva en carburantes a pesar de la europa
El Ejecutivo español desafía a Bruselas y mantiene la bonificación del 10% en el IVA de los carburantes, una medida de emergencia para paliar los efectos de la inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo. Un movimiento arriesgado que podría desencadenar una confrontación con la Comisión Europea.
Una decisión temporal, según fuentes oficiales
La medida, que se prolongará hasta el 30 de junio, se justifica en la necesidad de proteger a familias, autónomos y empresas frente al embate de un conflicto bélico que, según el Gobierno, no debería haber ocurrido. Pero hay un detalle: la Directiva Europea sobre IVA, tal y como advierte la propia Comisión, no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible. Un aviso, claro, que ha llegado por carta el pasado sábado.
La comunicación de Bruselas, firmada por la portavoz de fiscalidad Louise Bogey, no se limita a una simple advertencia. También sugiere otras alternativas compatibles con la legislación comunitaria, como la revisión de los impuestos especiales sobre los carburantes, pero el Gobierno se aferra a su estrategia.
El diálogo ‘fluido’ con la ue: un ejercicio de contorsión
Desde el Ministerio de Hacienda, defienden la viabilidad de la medida, calificándola de ‘temporal’ y, por tanto, compatible con las reglas europeas. Afirman que mantienen un diálogo ‘fluido’ con la Comisión, aunque reconocen que el asunto ha abierto una primera toma de contacto oficial. La prioridad, insisten, es la protección de los ciudadanos frente a las consecuencias económicas del conflicto.
Pero la realidad es que esta rebaja del IVA representa una excepción a la norma, una apuesta por la política a corto plazo por encima del cumplimiento estricto de la legislación comunitaria. Un riesgo que podría acariciar la inminencia de una sanción, aunque el Gobierno se empeña en mantener la calma y en subrayar la ‘naturaleza temporal’ de la medida. La cifra que marca el final del plazo, el 30 de junio, es una línea roja que el Ejecutivo no tiene intención de cruzar.