El gobierno petro amenaza con subir el salario mínimo ante la terca política del banco central
El salario mínimo en Colombia se mantiene en 2.000.000 de pesos, tras un aumento del 23,7% impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro. Pero la medida podría ser solo el principio, ya que el Ejecutivo se prepara para una posible revisión anticipada, motivada por la persistente subida de tasas de interés por parte del Banco de la República.
La presión inflacionaria y el debate constitucional
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió con vehemencia la constitucionalidad del salario mínimo vital y móvil, argumentando que el mecanismo busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la política monetaria del Emisor. Sanguino advirtió que, si la Junta Directiva del Banco de la República continúa con su “terca” estrategia de endurecimiento cuantitativo, el Gobierno no dudará en convocar a la Comisión de Concertación para ajustar el salario, en línea con el artículo 53 de la Constitución.
“Lo que estamos presenciando con la decisión, yo creo que un poco terca de la Junta Directiva del Banco de la República, de la mayoría de cuatro miembros de la Junta Directiva, es no solo aumentar la tasa de interés, como lo han hecho ya en dos ocasiones este año, sino anunciar o amenazar con seguir incrementando la tasa en una concepción, desde el punto de vista de la doctrina económica, a juicio nuestro, equivocada,” declaró el ministro en una entrevista. La postura del Banco Central, según Sanguino, impacta directamente en el poder de compra de los trabajadores y amenaza con erosionar los ingresos.
El ministro subraya que la reacción del Ejecutivo no es una estrategia electoral, sino una respuesta a una coyuntura económica generada por las decisiones de la autoridad monetaria. Rechaza la idea de que se trata de un mero juego político y enfatiza que el Gobierno está dispuesto a actuar para proteger a los trabajadores.
El artículo 53: un marco jurídico en juego
Sanguino insistió en que el fundamento del salario mínimo vital y móvil está claramente establecido en la Constitución. El artículo 53, según explicó, permite que la remuneración se adapte en un período de tiempo determinado – en este caso, un año – para evitar la pérdida del poder adquisitivo. “Es necesario mejorar el poder adquisitivo de los colombianos,” afirmó el ministro, dejando claro que no tolerará políticas que perjudiquen a los trabajadores.
Sin embargo, el ministro reconoce que existe un debate jurídico sobre la interpretación de la ley y la Constitución en relación con los reajustes salariales. El Gobierno está dispuesto a presentar sus argumentos económicos, técnicos y jurídicos ante la Comisión de Concertación si es necesario. El debate se centra en la relación entre las disposiciones legales y la doctrina económica, y en la posible necesidad de una revisión extraordinaria del salario mínimo en circunstancias excepcionales.
La Comisión de Concertación, que reúne a Gobierno, empresarios y trabajadores, se reunirá en diciembre para analizar la situación. La decisión final sobre el ajuste del salario dependerá de la evolución de las tasas de interés en las próximas reuniones del Banco de la República. El Ministro de Trabajo ha dejado claro: si la Junta Directiva persiste en su política, la Comisión de Concertación será la herramienta para defender el salario de los colombianos.