El gobierno se planta con la infancia: las autonomías del pp lo evitan
El Ministerio de Juventud e Infancia ha sido objeto de una humillación institucional este miércoles. La conferencia sectorial de Infancia, un encuentro crucial para coordinar políticas con las comunidades autónomas, no ha podido celebrarse debido a un boicot masivo liderado por las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Un 'plantón' que, lejos de ser una excepción, repite el patrón de obstrucción que ya vimos el pasado julio.
La excusa: una legalidad cuestionada
La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha justificado la ausencia de su comunidad con una acusación contundente: la convocatoria de la conferencia sería “ilegal”. Dávila alega que el Gobierno de Sira Rego pretende “prolongar” un reparto “forzoso” de menores extranjeros no acompañados. Un argumento que, a todas luces, parece diseñado para evitar la discusión de un Real Decreto que, según el orden del día, pretendía meramente informar a las comunidades sobre la capacidad ordinaria de los sistemas de protección.
El Real Decreto en cuestión, por cierto, es una actualización del procedimiento ya aprobado el año pasado, una mera formalidad que, sin embargo, ha servido de pretexto para una batalla política de baja intensidad. La cifra habla por sí sola: la ausencia generalizada de las comunidades del PP, con la excepción de Ceuta y Canarias, pone de manifiesto una clara estrategia de bloqueo.
Más allá del real decreto: barnahus y la erradicación de la violencia
Pero la agenda de la conferencia sectorial no se limitaba a la cuestión migratoria. Estaba prevista la presentación del Informe de Evaluación Anual sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia 2023 y 2024, un documento que, si se tomara en serio, podría poner de manifiesto deficiencias y áreas de mejora en la protección de los menores. Asimismo, se iba a abordar el estado de implantación del modelo Barnahus en España, una iniciativa pionera para la atención a víctimas de violencia sexual infantil.
Lo que nadie cuenta es que este bloqueo no es un incidente aislado. Se trata de una escalada en la tensión entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas, una tensión que se manifiesta en la obstaculización sistemática de decisiones que, aunque puedan ser controvertidas, son esenciales para garantizar los derechos de los menores.
La pregunta que queda en el aire es si la infancia española es rehén de una contienda política que nada tiene que ver con su bienestar. Lo cierto es que, mientras las comunidades del PP se niegan a colaborar, los menores siguen siendo los grandes perjudicados de esta deriva.