Escuelas en colombia bajo asedio: la defensoría alerta sobre un peligro inminente
Grupos armados ilegales, con una audacia sorprendente, están invadiendo colegios rurales en Nariño y Cauca, sembrando el terror y poniendo en riesgo a niños y adolescentes. La Defensoría del Pueblo ha levantado el grito de alarma, denunciando una vulneración flagrante del derecho a la educación.
Un ataque que revela la brutalidad del conflicto
El pasado lunes, combatientes de una disidencia de las antiguas FARC irrumpieron en un colegio en Policarpa, Nariño, no para ofrecer apoyo, sino para distribuir material propagandístico. Un día después, se confirmó la presencia de otro grupo armado acampando en un colegio del Cauca, una escena que ha sumido a las comunidades locales en un estado de pánico generalizado.
La situación es grave, según la Defensoría. La mera presencia de estas organizaciones criminales genera un clima de inseguridad extrema, un verdadero castigo colectivo que impide que los más jóvenes accedan a su derecho fundamental. No es solo un problema de seguridad; es una amenaza para su futuro, un obstáculo para su desarrollo integral.
El coste oculto del conflicto: reclutamiento y violencia
La entidad ha identificado 19 casos de reclutamiento de menores en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Caquetá en el primer trimestre de este año. El balance total de reclutamientos desde enero de 2025 asciende a 361, con un alarmante 57% de los afectados perteneciendo a comunidades indígenas. Estos niños, desprotegidos y vulnerables, son utilizados como peones en una guerra que no les concierne.
La Defensoría del Pueblo subraya que estos grupos armados violan flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario, una irresponsabilidad impune que los obliga a evitar cualquier tipo de interacción con la población civil, especialmente con los menores. Es una línea roja que han cruzado, con consecuencias devastadoras.
La urgencia de una respuesta efectiva
La Defensoría insta al Gobierno y a las entidades territoriales a adoptar medidas contundentes y sostenidas. No basta con palabras; se necesitan acciones concretas para garantizar la seguridad en los entornos escolares y proteger a las comunidades más expuestas. La situación exige una respuesta rápida y decidida, un compromiso real con la defensa de los derechos de la infancia.
Ante la inminente elección presidencial, la Defensoría solicita a los candidatos que incluyan en sus propuestas medidas para proteger a los menores del conflicto armado. No podemos permitir que el futuro de estas almas inocentes siga siendo víctima de la violencia. El tiempo apremia.