Fracking: la semilla de un desafío hídrico en méxico
La sombra del fracking se cierne sobre México. La Presidenta Sheinbaum reaviva un debate que nunca se ha apagado: la soberanía energética y la posibilidad de explorar yacimientos no convencionales a través de esta técnica controvertida.
Un retorno problemático
El 70-75% del gas natural que consume el país depende de importaciones. La apuesta por el fracking, impulsada desde la Presidencia, se presenta como una solución para revertir esta dependencia. Sin embargo, la historia reciente demuestra que la promesa de autosuficiencia energética a menudo se ve empañada por consecuencias ambientales devastadoras.
Durante el sexenio de Peña Nieto, la reforma energética de 2013-2014 abrió la puerta a esta práctica, aunque con una implementación limitada y bajo una intensa crítica por parte de organizaciones civiles, académicos y movimientos ambientales. Hoy, el discurso ha cambiado, revestido de ‘soberanía’ y ‘transición ordenada’, pero la esencia persiste: la fractura del subsuelo con agua y químicos.
El costo ambiental es abrumador. Cada pozo de fracking requiere entre 10 y 14 millones de litros de agua, una cantidad que no se evapora, sino que regresa contaminada. Los análisis revelan la presencia de químicos tóxicos, metales pesados y compuestos cancerígenos, capaces de filtrarse en ríos, suelos y acuíferos. No se trata de un fracking ‘mejor’, sino de un proceso que profundiza una ya alarmante situación de contaminación hídrica, con más de 23 millones de metros cúbicos de agua contaminada anuales.
La administración actual intenta mitigar las preocupaciones a través de la promesa de reutilización del agua – hasta un 60% – y el uso de ‘líquidos no potables’ y químicos ‘menos agresivos’. Pero estas son, en gran medida, diferencias técnicas. El riesgo estructural, la posibilidad de contaminación de los acuíferos, sigue siendo la principal preocupación. Especialistas advierten que incluso con una reducción en el consumo de agua potable, la seguridad hídrica permanece en juego.
La comparación con el sexenio de Peña Nieto es inevitable. En aquel entonces, el fracking se anunciaba como parte de una apertura energética impulsada por el mercado y la participación privada. Ahora, el discurso se centra en la soberanía y la evaluación científica, pero la lógica subyacente es la misma: extraer gas no convencional a través de la fractura del subsuelo.
La diferencia fundamental reside en el contexto. México ya enfrenta una crisis hídrica crónica. Apostar por el fracking, en este escenario, no es una alternativa viable. El agua, a diferencia del gas, no se puede replicar. Cada decisión energética debe evaluarse en función de su impacto en la salud pública. La verdadera tensión no radica en si el fracking es ‘más limpio’ que antes, sino en si México puede permitirse continuar contaminando su principal recurso.
La administración actual, al pasar de la prohibición implícita a la evaluación activa del fracking, no solo demuestra pragmatismo, sino una profunda contradicción entre el discurso ambiental y las presiones económicas. El agua, una vez más, se convierte en la variable de ajuste. Y la historia energética de México nos ha enseñado que los costos ambientales raramente se pagan en el corto plazo, pero siempre terminan cobrando factura. No hay soluciones mágicas, solo decisiones responsables.