Guerrero: ejecutan a 4 líderes comunitarios, el ejército 'no vio nada'
La violencia en Guerrero escaló a niveles alarmantes este lunes con el asesinato de cuatro activistas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en Xicotlán, Chilapa. Los hechos, que se suman a un historial sangriento en la región, revelan la impunidad que impera y la aparente complicidad de las autoridades ante el avance de grupos criminales.
Un ataque selectivo a defensores de derechos humanos
Isaías Morales Lucas, excoordinador de la CRAC-PF; Bernardino Hilario Ocotlán; Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario, fueron emboscados por un grupo armado que viajaba en una camioneta blanca. Los hombres, también policías comunitarios de la Montaña Baja de Guerrero, se dirigían a Xicotlán para realizar trabajos de albañilería, según el Consejo Nacional Indígena (CNI). La ejecución, perpetrada a plena luz del día, deja al descubierto la vulnerabilidad de las comunidades indígenas ante la violencia.
Los ardillos: un grupo criminal con protección gubernamental
El CNI ha señalado directamente al grupo criminal de Los Ardillos como los responsables del ataque, acusándolos de asediar a las comunidades y de gozar de protección por parte de autoridades estatales, municipales y federales. Lo que nadie cuenta es la conexión entre este grupo y la clase política local: el diputado del PRD Bernardo Ortega es hermano de Ivan Ortega y Celso Ortega, presuntos líderes de Los Ardillos, construyendo una red criminal que se extiende hasta las altas esferas del poder.
La cifra habla por sí sola: desde 2018, se han registrado más de 67 asesinatos de miembros de las comunidades indígenas en Guerrero, sin que se identifique a ningún responsable. Las denuncias ante las autoridades han sido sistemáticamente ignoradas, perpetuando un clima de terror y desconfianza.
El ejército observa, pero no actúa
Un detalle escalofriante: el lugar del atentado se encuentra a menos de un kilómetro del cuartel del Ejército Mexicano en el crucero del Jagüey. Según el CNI, los militares no solo no impidieron el ataque, sino que tampoco realizaron ninguna acción preventiva o de seguimiento. “El ejército no vio nada, como tampoco vio ni hizo nada en los más de 67 asesinatos de hermanos y hermanas de nuestras comunidades”, denunciaron en un comunicado.
El asesinato de Isaías Morales Lucas, promotor del CIPOG-EZ, es particularmente significativo. El Consejo había solicitado desde hace dos años la activación del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero la solicitud fue negada. Esta omisión, sumada a la inacción de las autoridades ante la creciente violencia, sugiere una clara falta de voluntad para proteger a aquellos que defienden los derechos de las comunidades indígenas.
Ante esta situación, el CNI responsabilizó directamente al gobierno municipal, al estatal, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, al subsecretario del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por los asesinatos. La impunidad se ha convertido en la norma en Guerrero, mientras las comunidades indígenas siguen siendo víctimas de la violencia y la indiferencia del Estado. La realidad es cruda: la protección de los derechos humanos en Guerrero se ha convertido en una mera ilusión.