India debate: ¿libertad religiosa o violación de derechos de niñas?
Nueva Delhi está en el centro de una batalla legal que podría redefinir los límites de la libertad religiosa y los derechos de las mujeres. El Tribunal Supremo de la India ha iniciado un proceso judicial largamente postergado para determinar si la mutilación genital femenina (MGF), una práctica arraigada en una minoritaria comunidad musulmana, debe ser ilegalizada, un fallo con implicaciones que van más allá de las fronteras del país.
Un conflicto constitucional de largo aliento
El caso, que llevaba siete años en un estado de “limbo legal”, enfrenta dos pilares fundamentales de la Constitución india: el derecho a la libertad de culto (Artículo 25) y el derecho a la vida y la dignidad (Artículo 21). La abogada Sunita Tiwari, quien presentó la demanda en 2017, argumenta que este ritual, que expone a niñas de entre cinco y siete años a procedimientos quirúrgicos en sus genitales, constituye una forma de violencia de género con una única finalidad: el control sexual.
La comunidad Dawoodi Bohra, de fe musulmana chiíta ismaelí, es la principal defensora de la práctica, considerándola un “mandato religioso esencial” dentro de sus dogmas milenarios. Pero la cifra, como tantas veces, habla por sí sola: según WeSpeakOut, el 80% de las mujeres Dawoodi Bohra en estados como Maharashtra, Gujarat, Rajasthan o Kerala son víctimas de esta práctica. Y el impacto es devastador: el 97% de las niñas describe la experiencia como un trauma doloroso y el 87% reporta secuelas negativas de por vida.
Vidas marcadas por el dolor: testimonios en la corte
Las audiencias del Tribunal Supremo contarán con la presencia de varias víctimas, incluyendo a Masooma Ranalvi, una activista que sufrió la mutilación a los siete años y ha transformado su experiencia personal en una lucha incansable por la justicia. Ranalvi y otros demandantes exigen que la práctica sea tipificada bajo la Ley de Protección de Niños contra Delitos Sexuales (POCSO), argumentando que cualquier contacto genital no consensuado en menores constituye una agresión sexual agravada, una postura que busca cerrar una laguna legal preocupante.
Lo que nadie cuenta es la inacción del Gobierno. A pesar de la gravedad de la situación, el Ejecutivo ha justificado la ausencia de una legislación específica alegando la falta de