India: el tribunal supremo desafía una tradición ancestral y el derecho a la fe
Nueva Delhi está en vilo. El Tribunal Supremo de la India ha abierto un debate legal de consecuencias trascendentales al examinar la práctica de la mutilación genital femenina (MGF), arraigada en una minoría musulmana Dawoodi Bohra. Un proceso larguísimo, siete años estancado, que ahora podría redefinir los límites entre la libertad religiosa y la protección de los derechos humanos.
Un ritual milenario bajo la lupa
La comunidad Dawoodi Bohra, adherida al chiísmo ismaelí, considera la circuncisión femenina un “mandato religioso esencial”, un pilar de su identidad y pureza. Sin embargo, esta práctica, conocida localmente como ‘Khatna’, somete a niñas de entre cinco y siete años a una intervención quirúrgica en sus genitales que, según denunciantes, deja secuelas traumáticas de por vida. La abogada Sunita Tiwari, quien inició la demanda en 2017, lo califica como “violencia de género” con el único objetivo de controlar la sexualidad femenina.
Los datos son escalofriantes: según WeSpeakOut, el 80% de las mujeres Dawoodi Bohra en estados como Maharashtra, Gujarat, Rajasthan o Kerala sufren esta mutilación. El 97% de las niñas la describe como un trauma doloroso, y el 87% reporta consecuencias negativas permanentes. Una cifra que, lejos de ser abstracta, cobra vida con la presencia en el tribunal de activistas como Masooma Ranalvi, quien a los siete años fue sometida a este ritual y hoy lucha para erradicarlo.
La constitución en la cuerda floja
La complejidad del caso reside en el choque frontal entre dos pilares fundamentales de la Constitución india: el artículo 25, que garantiza la libertad de culto, y el artículo 21, que protege el derecho a la vida y la dignidad. Los nueve jueces que componen la mesa especial deberán sopesar cuidadosamente ambos derechos, buscando un equilibrio que respete la diversidad cultural del país, pero que a la vez proteja a las menores de una práctica considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una violación de los derechos humanos.
Lo que nadie cuenta es la sorprendente justificación del propio gobierno indio. A pesar de la gravedad de la situación, alegan que "no existen datos oficiales" sobre la prevalencia de la MGF en el país, una afirmación que desafía la credibilidad y que, de confirmarse, sería una negligencia imperdonable. Los demandantes, por su parte, buscan tipificar la práctica bajo la Ley de Protección de Niños contra Delitos Sexuales (POCSO), argumentando que cualquier contacto genital no consensuado en menores constituye una agresión sexual agravada.
Este proceso judicial no solo tiene implicaciones para la comunidad Dawoodi Bohra, sino que sienta un precedente para la protección de los derechos de las mujeres en toda la India. El resultado será una declaración de principios que definirá los límites del derecho a la libertad religiosa y la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.
La batalla legal está lejos de terminar, pero la apertura del debate en el Tribunal Supremo es un primer paso crucial. La verdad es que el silencio ha sido cómplice durante demasiado tiempo. Ahora, la justicia debe hablar con contundencia.