India: ¿libertad religiosa o mutilación femenina? el supremo decide
Nueva Delhi se encuentra en vilo. El Tribunal Supremo de la India ha abierto un debate crucial que podría cambiar el destino de miles de mujeres: la legalidad de la mutilación genital femenina (MGF), una práctica arraigada en una comunidad musulmana minoritaria. Un proceso judicial larguísimo, atascado durante siete años, ha llegado a su punto álgido, enfrentando derechos fundamentales y tradiciones milenarias.
Un choque de derechos en el corazón de la constitución
La controversia se centra en la interpretación de dos artículos clave de la Constitución india: el 25, que garantiza la libertad de culto, y el 21, que protege el derecho a la vida y la dignidad. La comunidad Dawoodi Bohra, una rama del chiísmo ismaelí, defiende la MGF, conocida localmente como 'Khatna', como un “mandato religioso esencial”, un pilar de su identidad y pureza. Pero la abogada Sunita Tiwari, impulsora de la demanda presentada en 2017, la denuncia como una forma de violencia de género, un control sexual impuesto a niñas entre cinco y siete años.
La cifra es escalofriante: según WeSpeakOut, el 80% de las mujeres Dawoodi Bohra en estados como Maharashtra, Gujarat, Rajastán o Kerala sufren esta práctica. El 97% describe la experiencia como un trauma doloroso, y el 87% reporta secuelas negativas de por vida. Masooma Ranalvi, activista y víctima de la MGF a los siete años, es una de las voces que ahora resonarán en la sala del Tribunal, aportando testimonio directo y visceral a la causa.
La ley y la realidad: un gobierno en la cuerda floja
Lo sorprendente es la posición del Gobierno indio, que, hasta la fecha, carece de una legislación específica para prohibir la MGF. Su justificación, según documentos judiciales, es la alarmante falta de “datos oficiales” sobre la existencia de la práctica en el país. Una excusa, según los críticos, que permite perpetuar una tradición lesiva en la sombra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica la MGF como mutilación de Tipo I y IV, un espectro que abarca desde la extirpación parcial del clítoris hasta el raspado o la perforación de los genitales, y la denuncia como una violación flagrante de los derechos humanos.
Los demandantes exigen que la MGF sea tipificada bajo la Ley de Protección de Niños contra Delitos Sexuales (POCSO), argumentando que cualquier contacto genital no consensuado en menores constituye una agresión sexual agravada. El veredicto del Tribunal Supremo, que se espera con gran expectación, determinará si la tradición prevalece sobre la protección de los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres, o si India dará un paso decisivo hacia la erradicación de esta práctica ancestral. La pelota está en el tejado de los nueve jueces, y su decisión resonará mucho más allá de las fronteras de la India.