Infancia en crisis: el gobierno se echa para tras la rebelión de las ccaa
La conferencia sectorial de Infancia, convocada con la promesa de un debate constructivo, se ha quedado en nada. Un ‘plantón’ de las comunidades autónomas del PP, liderado por Ana Dávila, ha ahogado cualquier posibilidad de acuerdo, dejando a la ministra Rego con la cara en el plato.
Un escándalo de ‘proceso ilegal’ y reparto forzoso
La consejera de Asuntos Sociales de Madrid, lejos de participar, denunció que la convocatoria de la reunión era “ilegal” y acusó al Gobierno de España de intentar “prolongar” el ‘reparto forzoso’ de menores no acompañados. Un movimiento que, de nuevo, replica la estrategia empleada el pasado julio, cuando las mismas autonomías se negaron a asistir a la sectorial.
Lo que parecía una simple reunión informativa, con la presentación del Real Decreto que regula la capacidad de protección para menores extranjeros no acompañados –una actualización del decreto de 2023, también aprobado con el mismo procedimiento– y el Informe de Evaluación Anual de la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia, se convirtió en un ejercicio de contundente oposición.
El barnahus en españa: un modelo con retrasos
También estaba en la agenda el estado de implantación del modelo Barnahus en España, un sistema judicial que busca proteger a los menores víctimas de violencia. Pero, como suele ocurrir en estos encuentros, la discusión se centró en la crítica y la falta de voluntad por parte del Gobierno. La ausencia de las CCAA del PP no deja lugar a dudas: el debate sobre la infancia se ha convertido en una batalla política entre el ejecutivo y la derecha.
La información sobre el Real Decreto, crucial para la gestión de menores no acompañados, se presentó meramente como un trámite. La estrategia de la ministra Rego, evidentemente, no ha logrado los resultados esperados. Mientras, la situación de estos niños sigue sin resolverse, atrapados en un limbo legislativo y político. La sensación es que, lejos de avanzar, el Gobierno se echa para atrás en un tema tan sensible como la protección infantil. Una decisión que, en última instancia, pone en riesgo el bienestar de los más vulnerables.