La sre cierra la puerta a la diplomacia con rocha y inzunza: revelaciones estadounidenses desatan la crisis
La Cancillería mexicana ha impuesto un veto de cinco años a cualquier comunicación diplomática entre el gobierno de México y Estados Unidos relacionada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Morenista, Enrique Inzunza Cázarez. La justificación, según fuentes oficiales, es un “riesgo de perjuicio” que supera cualquier beneficio público, una decisión que ya ha desatado una ola de críticas y preguntas sobre la transparencia de las relaciones bilaterales.
Un expediente clasificado y la verdad en estados unidos
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha optado por archivar, durante tres años, la minuta de la reunión del 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de EE.UU., Markwayne Mullin. En esa instancia, según trascendidos, se exploraba la posibilidad de la entrega de ambos políticos a las autoridades estadounidenses, acusados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Pero la historia no termina ahí. Mientras la SRE mantiene bajo resguardo la parte diplomática, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya ha desvelado una acusación formal contra Rocha Moya, Inzunza y otros ocho individuos señalados por colusión con la facción “Los Chapitos” desde las elecciones de 2021. Los cargos, presentados en Nueva York, incluyen conspiración para el tráfico de fentanilo y posesión ilegal de armas. Es decir, la realidad en suelo estadounidense es radicalmente distinta al silencio impuesto por la diplomacia mexicana.
La estrategia de ocultamiento: un juego de confianza
El Comité de Transparencia ha ordenado que la información contenida en las solicitudes de acceso a la información presentadas el 26 de mayo se mantenga bajo resguardo. La SRE argumenta que la divulgación podría “menoscabar las relaciones de confianza necesarias para el trabajo diario” entre ambas representaciones. Un argumento que suena a cortina de humo, considerando la clara divergencia entre lo que se mantiene en secreto y lo que ya se ha hecho público en el país norteamericano. La UIF ha congelado las cuentas de ambos políticos, un acto de presión que habla por sí solo.
Lo que sí es público es que la SRE no ha respondido formalmente al planteamiento estadounidense sobre la posible entrega de Rocha y Inzunza. La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha reiterado que no habrá expulsión mientras Washington no presente pruebas contundentes de los vínculos con el crimen organizado, insistiendo en que el proceso será “no automático ni inmediato”. Un mensaje que, en este contexto, se percibe como una estrategia para ganar tiempo y evitar una confrontación directa.
En definitiva, la SRE ha optado por cerrar la puerta a la diplomacia, privilegiando la protección política sobre la transparencia. Una decisión que, más allá de los argumentos oficiales, levanta serias dudas sobre la integridad de las relaciones entre México y Estados Unidos. Y, lo más preocupante, es que la verdad, al parecer, reside en manos de la Fiscalía de Nueva York.