La suprema corte desata el caos financiero: ¿tu cuenta está segura?
Un giro inesperado en el sistema judicial mexicano ha generado una tormenta de incertidumbre económica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha otorgado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un poder sin precedentes: la capacidad de congelar cuentas bancarias sin la intervención previa de un juez, solo con la sospecha de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Un fallo que, en la práctica, podría significar la pérdida repentina de acceso a tus ahorros.
El fin de la presunción de inocencia en el ámbito financiero
La resolución, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, desmantela dos mecanismos de protección que hasta ahora amparaban a los ciudadanos. Anteriormente, la UIF necesitaba justificación sólida, vinculada a tratados internacionales o solicitudes verificables de autoridades extranjeras, para bloquear fondos. Además, en caso de bloqueo, el afectado podía recurrir a un juez para obtener una suspensión temporal y mantener acceso a su dinero mientras se tramitaba el juicio.
Ahora, ese salvavidas ha desaparecido. Un abogado especialista, en declaraciones a Carmen Aristegui, pintó un escenario escalofriante: “Mañana, con una simple sospecha, podrían bloquear todas mis cuentas. Me dejarían sin poder pagar mi hipoteca, mi renta, mis compromisos básicos”. La cifra habla por sí sola: un proceso judicial para recuperar tus fondos podría demorar entre uno y dos años, tiempo suficiente para arruinar la economía de cualquier persona o empresa.
Lo que resulta aún más alarmante es que el criterio de “sospecha” es peligrosamente amplio. No se limita al crimen organizado. Cualquier movimiento bancario considerado “inusual” por la UIF, incluso un depósito accidental o un error de transferencia, podría desencadenar el bloqueo. La ministra Yasmín Esquivel ha expresado su preocupación por la seguridad jurídica que esto implica, un temor compartido por numerosos juristas.
La comparación con estándares internacionales es demoledora. En países con un Estado de derecho consolidado, la UIF debe presentar pruebas ante un juez y el ciudadano tiene derecho a un juicio justo antes de que se ejecute el bloqueo. En México, ese esquema ha quedado relegado, abriendo la puerta a abusos y arbitrariedades. José Mario, otro experto en la materia, advierte que la situación se asemeja a “defenderse sin las garantías de un proceso penal”.
La Corte, dividida. La decisión no fue unánime. Tres ministros –Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García– votaron en contra, alertando sobre el riesgo a la seguridad jurídica y la falta de garantías procesales. Figueroa, en particular, cuestionó la lógica de someter a los ciudadanos a una medida restrictiva sin las protecciones mínimas de un juicio justo. Pero la mayoría ha decidido que la eficiencia en la lucha contra el lavado de dinero prevalece sobre la protección de los derechos individuales.
Este fallo, lejos de ser una solución, ha creado un caldo de cultivo para la incertidumbre y el miedo. La UIF, ahora con plenos poderes, debe demostrar que usará esta herramienta con responsabilidad y transparencia, evitando caer en la trampa de la arbitrariedad. De lo contrario, el sistema financiero mexicano se convertirá en un campo de batalla donde la presunción de inocencia es solo un recuerdo.