México dividido: onu expone crisis de desaparecidos, gobierno responde a la defensiva
La Organización de las Naciones Unidas ha elevado a la Asamblea General la alarmante situación de las desapariciones forzadas en México, un gesto que ha provocado una fisura evidente entre las instituciones encargadas de abordar esta crisis. Mientras el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU presenta su informe ante la comunidad internacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestiona abiertamente las conclusiones, alimentando la controversia y dejando en evidencia la falta de un frente unido ante una tragedia que supera los 100.000 desaparecidos.
Un choque de narrativas en el corazón de la crisis
La CNDH, bajo la dirección de Rosario Piedra Ibarra, ha descalificado el informe del CED, acusándolo de basarse en “posturas sesgadas” de organizaciones no gubernamentales y de carecer de “sustento pleno”. Un ataque directo que, de hecho, replica la postura del gobierno federal, que ha cuestionado sistemáticamente a organismos internacionales y a las ONG que proveen información. La CNDH, en particular, ha señalado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización con una trayectoria reconocida en la documentación de las deficiencias del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
Pero la CDHCM, liderada por María Dolores González Saravia, ha optado por una ruta diametralmente opuesta. Considera el dictamen de la ONU como una “oportunidad para crear un diálogo constructivo y participativo”, enfatizando la necesidad de que México se abra al “escrutinio y a la cooperación técnica” internacional. Una postura que, en la práctica, sugiere una admisión implícita de la gravedad de la situación y la necesidad de buscar soluciones externas.
El fondo del desacuerdo: ¿prioridad nacional o cooperación internacional?
La divergencia no es meramente semántica. La CNDH argumenta que el CED no agotó las instancias nacionales antes de emitir su dictamen, una exigencia formal establecida por la Convención Internacional. Además, cuestiona la contradicción interna del informe, que reconoce las graves violaciones cometidas durante la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, pero descarta la existencia de una política estatal intencional de desapariciones forzadas. La CNDH también minimiza la situación actual, afirmando que las desapariciones forzadas atribuibles a autoridades federales han disminuido desde 2018.
La CDHCM, sin embargo, elude este debate histórico y se centra en la urgencia del presente. Reconoce la desaparición de personas como “uno de los desafíos más urgentes del país” y aboga por fortalecer los esfuerzos institucionales, traduciéndolos en resultados concretos con la participación activa de las familias de las víctimas.
Lo que revela este choque de criterios es una profunda división en la concepción del papel que debe jugar el escrutinio internacional en la crisis de desapariciones: una facción que prioriza el agotamiento de los mecanismos nacionales, y otra que considera la cooperación externa como un componente indispensable de la solución.
Mientras tanto, los colectivos de familiares buscadoras continúan su labor incansable, excavando en la tierra en busca de rastros que las autoridades, a menudo, parecen ignorar. La crisis de desapariciones en México no se reduce a un debate institucional; es una tragedia humana que exige respuestas inmediatas y contundentes, más allá de las disputas políticas y las interpretaciones divergentes.
La cifra es escalofriante: más de 100.000 personas desaparecidas en México, un record que pesa sobre la conciencia nacional y que exige una respuesta unificada y efectiva. La indiferencia institucional, en cualquier forma que se manifieste, es un agravio a la memoria de las víctimas y un insulto a la dignidad de sus familias.