México se enfrenta a un plazo: registrar cada línea móvil o perder internet
El reloj corre en México. El 30 de junio de 2026 es la fecha límite para que cada titular de una línea telefónica se registre con su nombre completo y CURP. De no cumplir, la plataforma se apagará para llamadas de emergencia, dejando a 26 millones de usuarios sin acceso a internet y otros servicios básicos. Una situación alarmante que podría tener consecuencias devastadoras para la conectividad del país.
Un registro a la fuerza y un impacto laboral
Según datos oficiales, tan solo 26 millones de las 150 millones de líneas activas en el país han sido asociadas a una persona física o moral, un 17,33% del total. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha sido clara: no habrá prórroga y cualquier cambio en el calendario dependerá exclusivamente del Congreso de la Unión. Un trámite sorprendentemente sencillo: basta con nombre, CURP y una identificación vigente. Nada de biométricos, ni digitalización de documentos. Una medida que, según la presidencia de Claudia Sheinbaum, responde a la estrategia nacional contra la extorsión, un problema que ha escalado en los últimos diez años.
Pero la realidad es que este registro masivo, impulsado por la CRT, no es una simple formalización. Se trata de una herramienta para rastrear y controlar la actividad telefónica, un intento de frenar el auge de la delincuencia organizada. La suspensión parcial del servicio, a partir del 1 de julio, representa una amenaza palpable para millones de mexicanos.
La información recopilada, limitado a nombre, CURP y número de teléfono, estará bajo el resguardo descentralizado de los operadores. Un detalle importante: la CRT no solicitará datos biométricos ni documentos oficiales, garantizando –al menos en teoría– la protección de los datos personales. Sin embargo, la preocupación por la privacidad persiste. Los usuarios podrán asociar hasta 10 líneas a su CURP, una flexibilidad que no se extiende a las empresas, que sí podrán registrar un número ilimitado de líneas.
Líneas extranjeras: la sombra de la regulación
La situación de las líneas extranjeras aún es incierta. Aunque no existen medidas específicas en la regulación vigente, la CRT está estudiando cómo evitar su utilización en actividades delictivas. La estrategia nacional contra la extorsión busca, por tanto, un control más exhaustivo de todas las líneas, nacionales y extranjeras, para fortalecer la seguridad pública en el ámbito de las telecomunicaciones. Un desafío complejo que requiere una respuesta integral y coordinada.
El proceso de registro puede realizarse en un centro de atención al cliente o de forma remota. Telcel, por ejemplo, ofrece un proceso digital con hasta tres intentos. En el caso de trámites presenciales, se requiere una identificación oficial vigente, como la credencial de elector (INE) o pasaporte, junto con el nombre completo del titular y la CURP certificada. Para quienes opten por el registro remoto, es obligatorio tomarse una selfie para validar la identidad. La falta de un marco regulatorio claro para las líneas extranjeras deja una brecha que podría ser explotada por los criminales. La respuesta a esta situación es, sin duda, una prioridad para las autoridades.