Noboa busca reformar el cne: ¿un giro constitucional o maniobra política?
Guayaquil – El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha enviado a la Corte Constitucional una propuesta de enmienda a la Constitución impulsada por el presidente Daniel Noboa, buscando transferir la designación de autoridades clave del Estado a la Asamblea Nacional. Una jugada que, aunque justificada por el mandatario como un intento de fortalecer la participación ciudadana, levanta ampollas y genera interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones.
El intrincado camino de la reforma
La propuesta, que ya había sido avalada inicialmente por la Corte en septiembre, ha vuelto a la instancia judicial tras las modificaciones solicitadas por los magistrados. Noboa, en un movimiento que algunos califican de apresurado, envió las correcciones al CNE, el cual, en una decisión que ha generado controversia, ha declinado pronunciarse sobre el contenido del documento, argumentando la necesidad de una revisión previa por parte de la Corte Constitucional. La consejera Elena Nájera, vocal del CNE, cuestionó abiertamente la procedencia de esta acción, señalando que el mandato correcto era devolver la propuesta al Presidente para que la remitiera directamente a la Corte.
El núcleo del debate reside en la actual competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano de siete miembros electos popularmente, para designar a autoridades de instituciones vitales como la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la propia Contraloría. Noboa busca eliminar esta facultad, otorgándola a la Asamblea Nacional, actualmente dominada por la mayoría oficialista. La justificación oficial es, como se mencionó, la “participación ciudadana”, pero la oposición no tarda en cuestionar si la intención real es simplemente asegurar el control del gobierno sobre estos puestos clave.
Lo que nadie cuenta es la velocidad con la que se están sucediendo estos acontecimientos. Apenas unos días antes, el CNE había adelantado las elecciones locales al 29 de noviembre, una decisión que ha provocado la indignación de movimientos políticos como el correísmo, actualmente suspendido, quienes denuncian un intento de impedir sus candidaturas y limitar la participación de la oposición. El Tribunal Contencioso Electoral, por su parte, ha admitido a trámite una impugnación contra esta decisión, presentada por el Partido Social Cristiano (PSC), lo que complica aún más el panorama.
La cifra que habla por sí sola es el potencial impacto en la independencia de las instituciones. La designación de autoridades judiciales y fiscales es un proceso delicado, y la influencia directa del poder político podría comprometer la imparcialidad y la transparencia.
Esta enmienda constitucional, si es aprobada por la Corte y posteriormente por referéndum, marcaría un cambio significativo en el sistema de control del Estado ecuatoriano. Pero la pregunta que persiste es: ¿se trata de una genuina búsqueda de mayor participación ciudadana, o de una estrategia para consolidar el poder en manos del gobierno?