Portugal: derecha amenaza con frenar la autodeterminación trans
Lisboa se enfrenta a un debate legislativo que podría revertir los avances en derechos para las personas trans. Propuestas de ley presentadas por la derecha y los partidos ultraderechistas buscan derogar la normativa de 2018, reinstaurando requisitos burocráticos y médicos que podrían obstaculizar el acceso a la autodeterminación de género.
El retroceso legislativo: ¿un ataque a la salud mental?
La legislación vigente, aprobada en 2018, facilitó el cambio de nombre y de indicador de género en el registro civil sin necesidad de evaluaciones médicas exhaustivas, un avance considerado fundamental por la comunidad trans. Ahora, las fuerzas de derechas aspiran a revivir la ley de 2011, que exigía informes médicos y negaba el reconocimiento del “nombre social” – la posibilidad de utilizar el nombre elegido, independientemente de la documentación oficial. Pero la amenaza va más allá de la simple derogación, advierte Jo Mato, presidente de Rede Ex Aequo: se proponen restricciones adicionales, incluyendo la prohibición del uso de bloqueadores hormonales y hormonas para adolescentes trans, así como potenciales discriminaciones en ámbitos como el deporte, las cárceles y las escuelas.
“Los bloqueadores y las hormonas salvan vidas,” afirma Isabel Rodrigues, vicepresidenta de AMPLUS, una organización de familias de personas trans. Ella anticipa que estas medidas podrían desencadenar graves problemas de salud mental en adolescentes, llegando incluso a impulsar la búsqueda clandestina de tratamientos médicos, con los riesgos que ello implica. “Van a obligar a la gente a pasar a la clandestinidad,” resume Rodrigues, reflejando la angustia que se vive en la comunidad.
Silencio institucional y alarma en la comunidad
La propuesta legislativa ha generado sorpresa y rechazo, especialmente porque no figuraba en el programa político del Partido Social Demócrata (PSD), el partido mayoritario en el Parlamento. “No hay indicios de que se esté produciendo ningún abuso de la ley,” argumenta Matos, cuestionando la justificación del PSD. Lo que resulta aún más preocupante es la falta de diálogo con la comunidad trans y la comunidad científica durante la elaboración de estas propuestas. “Son proyectos que se han hecho a espaldas de todos,” denuncia Rodrigues.
La cifra habla por sí sola: desde 2018, cerca de 3.000 personas han modificado su nombre e indicador de género en el registro civil. Un número que, según Hélider Bertolo, presidente de Opus Diversidades, podría verse seriamente afectado si se aprueban estas medidas, abriendo una puerta a un retroceso en otros derechos fundamentales como el aborto, la protección de las mujeres o el matrimonio y la adopción homosexual. La comunidad trans, lejos de amilanarse, responde: “No nos van a apagar porque no exista una ley.”
Mientras el debate parlamentario avanza, la incertidumbre se cierne sobre el futuro de miles de personas y sus familias, que temen un regreso a una época de discriminación y exclusión.