Psoe amenaza con el tribunal constitucional por rtve
El PSOE ha elevado la tensión a niveles estratosféricos en el Senado, amenazando con recurrir al Tribunal Constitucional si la Mesa parlamentaria, controlada por el PP, persiste en su intención de crear una comisión de investigación sobre la gestión de RTVE. La maniobra socialista, desplegada este martes, se justifica en la existencia de una comisión mixta ya en funcionamiento y que, según ellos, cumple perfectamente con el control del ente público.
La legalidad en entredicho: ¿una comisión de más?
Alfonso Gil, portavoz adjunto del PSOE en el Senado, ha sido contundente: la propuesta del PP no solo carece de sentido práctico, sino que constituye una “ilegalidad”. La comisión mixta, que se reúne mensualmente, es, según Gil, “el único instrumento ad hoc que prevé el ordenamiento jurídico vigente”. Esto, sumado a la necesidad de delimitar con precisión el objetivo de cualquier nueva comisión, hace que la iniciativa popular parezca un mero ataque a la pluralidad informativa, tal y como denunció el portavoz socialista.
Pero hay un detalle que complica aún más la situación. La Mesa del Senado, dominada por el Partido Popular, es la encargada de decidir sobre la admisión a trámite de la propuesta. Ante la previsible negativa, la Ejecutiva socialista ha contemplado la posibilidad de saltarse la Mesa y llevar el asunto directamente al Tribunal Constitucional. Una medida extrema que, de llevarse a cabo, agravaría la crisis institucional y pondría en tela de juicio la independencia del poder judicial.
La cifra habla por sí sola: RTVE, con un presupuesto de más de 300 millones de euros anuales, es un ente público que merece una supervisión rigurosa. Sin embargo, la forma en que el PP pretende llevar a cabo esa supervisión ha levantado ampollas en el PSOE, que ve en esta iniciativa una estrategia política para deslegitimar la línea editorial del medio.
La batalla por RTVE se intensifica, y el Senado se ha convertido en el campo de batalla. Lo que comenzó como una simple propuesta legislativa podría terminar derivando en un choque frontal entre el gobierno y la oposición, con consecuencias impredecibles para la estabilidad política del país.