Rusinque, de vuelta al ojo del huracán: nueva demanda judicial amenaza su cargo
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, enfrenta una nueva batalla legal que podría determinar su permanencia en el cargo. Tras una breve renuncia estratégica, el Gobierno la ha reincorporado, desatando una ola de críticas y una nueva demanda por parte del abogado Samuel Ortiz Mancipe, quien acusa al Ejecutivo de un claro “desvío de poder”.
El consejo de estado y el primer revés
La historia de Rusinque en la Superintendencia es un vaivén de controversias. En marzo de 2026, el Consejo de Estado revocó su nombramiento inicial, argumentando que su perfil carecía de la solidez técnica y académica requerida para liderar la SIC. El fallo cuestionó, además, la validez de un título universitario obtenido en Francia, catalogado por el Ministerio de Educación como un “título propio” y cuya equivalencia en Colombia aún debía ser evaluada. La decisión judicial, sin embargo, no detuvo al gobierno de Gustavo Petro.
Un decreto para flexibilizar requisitos y la renuncia exprés
En un movimiento que ha generado fuertes críticas, el gobierno emitió el Decreto 0361, flexibilizando los requisitos para el cargo y abriendo la puerta a perfiles con formación en Derecho Constitucional o Ciencia Política. Esta modificación legislativa permitió la reincorporación de Rusinque, intensificando el choque entre el poder judicial y el ejecutivo. Para evitar que la sentencia del Consejo de Estado impidiera su retorno, Rusinque presentó una renuncia exprés, aceptada en tiempo récord, una maniobra que, según Ortiz, buscaba “evadir y dilatar la ejecutoria del fallo”.
“Desvío de poder”: la nueva acusación
Samuel Ortiz Mancipe, el abogado que inicialmente cuestionó la validez de los estudios de Rusinque, ha anunciado que presentará una nueva demanda ante el Consejo de Estado, alegando que el acto administrativo representa un “desvío de poder”. “El Ejecutivo modificó los requisitos poco antes de la ejecutoria del fallo, habilitando artificialmente el nombramiento de la señora Rusinque,” declaró a Caracol Radio. La demanda se basará en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, que establece la nulidad de actos administrativos cuando se toman en beneficio de intereses particulares, en detrimento del interés general.
Más allá de la ley: cuestionamientos sobre la imparcialidad
La controversia no se limita al cumplimiento formal de los requisitos. La rapidez con la que se aceptó la renuncia de Rusinque, sumado al ajuste de criterios para ocupar la Superintendencia justo antes de la notificación de la nulidad del primer nombramiento, levantan serias sospechas sobre la imparcialidad del proceso. Ortiz cuestiona si el gobierno priorizó el deseo de mantener a Rusinque en la superintendencia sobre el cumplimiento de los principios fundamentales de la administración pública.
La situación actual pone de manifiesto una tensión palpable en el sistema colombiano: el cruce de caminos entre la independencia de la justicia y las decisiones políticas del gobierno. La resolución de esta nueva demanda judicial determinará, en última instancia, si prevalece el interés general o la voluntad de un ejecutivo decidido a mantener a su designada en el cargo.