Santo domingo: los dueños del jet set enfrentan juicio por la tragedia que costó 236 vidas
La justicia dominicana se prepara para un juicio sin precedentes. Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, serán juzgados por la catástrofe del 8 de abril de 2025, un evento que dejó una cicatriz imborrable en la memoria del país y se cobró la vida de 236 personas. El Ministerio Público ha solicitado formalmente su procesamiento, acusándolos de negligencia criminal y una alarmante falta de control en la infraestructura del local.
Un historial de obras clandestinas y advertencias ignoradas
La acusación se basa en la revelación de que los Espaillat, durante años, realizaron reformas en el Jet Set sin informar a las autoridades competentes. No existen registros de inspecciones, lo que, según los fiscales, constituye una flagrante violación de la ley y una muestra palpable de su desprecio por la seguridad. La discoteca, otrora un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo, se convirtió en un foco de riesgos potenciales, ignorados sistemáticamente por sus dueños.
Pero la negligencia no se limitó a la falta de permisos. Los fiscales han presentado pruebas de que existieron advertencias internas sobre el deterioro del techo, que fueron convenientemente ignoradas en aras del ahorro. Antonio Espaillat, en una entrevista concedida tras la tragedia, admitió, con una sorprendente frialdad, que los plafones del techo “siempre” se caían, incluso el mismo día del derrumbe se habían sustituido algunos de ellos, atribuyéndolo a “diferentes razones”. Una admisión que, lejos de atenuar su responsabilidad, la agrava aún más.
La indignación de las víctimas y un nuevo peritaje en la mira
La audiencia preliminar, que se recesó hasta el 20 de abril, ha desatado la ira de los familiares de las víctimas. La decisión del juez de ordenar un nuevo peritaje técnico a petición de los Espaillat ha sido recibida con un profundo resentimiento. Rafael, padre de una de las fallecidas, expresó su frustración con un grito visceral: “Están jugando con uno con el maldito peritaje ahora”. Su dolor, el de cientos de familias, es la voz de una sociedad que exige justicia.
Ingrid Hidalgo, abogada de la viuda del expelotero Octavio Dotel, otra víctima de la tragedia, confía en que, a pesar de la posible contradicción entre los peritajes, se establecerá la causa real del derrumbe. La cifra habla por sí sola: más de 234 vidas truncadas, una pesadilla que ha sacudido los cimientos de la República Dominicana.
La tragedia, que se produjo durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también pereció en el siniestro junto con un músico de su orquesta, se saldó además con la pérdida de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano. Una mezcla de nacionalidades que subraya la magnitud del desastre.
Lo que quedó claro, mucho después de los titulares y las investigaciones, es que el afán de lucro, en este caso, se impuso a la seguridad. Y ahora, los Espaillat deberán responder ante la justicia por la negligencia que convirtió una noche de diversión en una tragedia irreparable.