Seguimiento a maltratadores: el cgpj dice que es jurídicamente imposible
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reclamaba un control exhaustivo de los agresores de violencia de género tras su liberación. La respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido tajante: legalmente, no es posible. Esther Erice, vocal del CGPJ y miembro del Observatorio contra la violencia doméstica, ha desestimado la propuesta, argumentando que el sistema judicial español se centra en sancionar hechos y valorar la peligrosidad, pero no en un seguimiento continuo una vez cumplida la pena.
La ley integral de 2004, aún incompleta
La declaración de Erice llega en un contexto especialmente delicado: 14 mujeres y tres menores han sido víctimas de feminicidio solo en lo que va de 2026. Si bien reconoce la gravedad de la situación, minimiza la significación de estos tres meses para extraer conclusiones definitivas, insistiendo en la necesidad de esperar al balance anual. Lo que nadie cuenta es que, según el Observatorio del CGPJ, una mujer moría cada 7,4 días en 2025, y ese número se ha acelerado desde 2003.
Lo más preocupante, según Erice, es que la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, a pesar de haber sido aprobada hace más de dos décadas, “todavía no está implementada totalmente en todos sus extremos”. Una crítica contundente que pone en tela de juicio la eficacia de las medidas adoptadas hasta la fecha.
Más allá de los juzgados: una respuesta integral
Erice insiste en que la lucha contra la violencia de género no puede limitarse a juzgados y policía. La ley contempla una intervención integral que involucra a sanidad, servicios sociales y otros ámbitos capaces de detectar situaciones de riesgo antes de que escalen. “Nosotros hablamos hoy del ámbito jurisdiccional, de juzgados, tribunales, trabajo policial, etc, pero es que la ley tiene mucho más, implica mucho más, hay otros sectores imprescindibles para un buen enjuiciamiento, de colaboración”, enfatizó.
La vocal del CGPJ también subraya la importancia de registrar indicios de violencia en historias clínicas o sociales, pues estos datos pueden ser cruciales como pruebas judiciales. Sin embargo, plantea un desafío: clarificar los límites entre la confidencialidad profesional y la obligación legal de comunicar situaciones de riesgo.
Órdenes de alejamiento: una solución a medida
Respecto a la propuesta del Ministerio de Igualdad de establecer una distancia mínima de 350 metros en las órdenes de alejamiento, Erice se muestra escéptica. Argumenta que no existe una solución única válida para todos los casos, ya que la eficacia de estas medidas depende del nivel de riesgo, las circunstancias personales de las partes y factores territoriales como la cobertura tecnológica de los dispositivos de control. Un mapa de zonas con baja cobertura de telecomunicaciones, actualmente en elaboración, busca ajustar las medidas de seguridad a cada territorio.
La cifra habla por sí sola: alrededor del 80% de las víctimas asesinadas el año pasado convivían con su agresor, y muchas no habían presentado denuncia previa. Erice señala que denunciar puede requerir una verdadera heroicidad, especialmente para aquellas mujeres que dependen económicamente de sus agresores o tienen hijos menores a su cargo. A pesar de las dificultades, reconoce que las medidas adoptadas desde 2015 han tenido un efecto positivo, con una tendencia descendente en el número anual de mujeres asesinadas.
Pero la realidad es implacable: los asesinatos machistas siguen siendo un fracaso social. Incluso con la bajada en las cifras, los recientes picos de violencia, como el vivido en este trimestre, son un recordatorio constante de que aún queda mucho por hacer.