Transportistas centroamericanos, carrera contra el tiempo digital
El reloj corre para miles de conductores de carga en Centroamérica. El Salvador, pionero en la región, ha impuesto un plazo final –15 de abril de 2026– para la obligatoria digitalización de sus datos, una medida que, según la Aduana, busca agilizar los cruces fronterizos, pero que para muchos supone un desafío logístico.
Modernización aduanera: ¿beneficio o traba?
La Dirección General de Aduanas ha lanzado un nuevo portal, accesible a través del código SV, donde los transportistas deben registrarse e incorporar datos como el DUI, licencia de conducir, antecedentes penales y, en caso de cruce a Costa Rica o Panamá, el pasaporte. La automatización promete reducir drásticamente los tiempos de espera, un problema crónico en la región. Pero la exigencia de solvencia fiscal ante el Ministerio de Hacienda añade una capa de complejidad al proceso.
Pero hay un detalle que preocupa: el plazo establecido deja poco margen para la adaptación. La complejidad del sistema y la necesidad de reunir la documentación requerida podrían generar un cuello de botella en las fronteras, especialmente para las pequeñas empresas y transportistas independientes.
La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia regional más amplia para modernizar el comercio y la logística en Centroamérica. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Salvador ya lidera la eficiencia aduanera en la región, con un promedio de tres días calendario para completar los trámites, un dato que contrasta con las dificultades que aún enfrentan otros países.
El BID señala, sin embargo, que la falta de competencia en los mercados es un obstáculo para un crecimiento económico sostenido, y que la digitalización aduanera, si bien necesaria, debe ir acompañada de reformas estructurales para incentivar la inversión y la innovación. La cifra habla por sí sola: el BID estima que alcanzar estándares de economías avanzadas podría incrementar el PIB per cápita de la región hasta en un 11%.
La clave está en la ejecución: la promesa de agilizar los trámites depende de la capacidad del gobierno salvadoreño para garantizar que el nuevo sistema sea accesible, intuitivo y eficiente para todos los usuarios. De lo contrario, la modernización podría convertirse en una nueva fuente de burocracia y retrasos, frustrando las expectativas de un sector clave para la economía centroamericana.