Tribunal electoral alerta: la reforma judicial se hundaría con las elecciones simultáneas
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña ha lanzado una bomba: la elección de jueces junto con las elecciones generales de 2027 podría desencadenar una ‘tormenta perfecta’ que ponga en jaque la legitimidad del sistema judicial.
Riesgos legítimos y campañas descontroladas
En un foro en Aguascalientes, el integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se anda con rodeos. El diseño legislativo, especialmente en lo que respecta a la organización de las elecciones judiciales, es un desastre. De la Mata habla de campañas desatadas, boletas confusas y una fiscalización prácticamente inexistente – un caldo de cultivo para impugnaciones masivas y, potencialmente, la nulidad de los resultados.
“Estamos ante una tormenta perfecta derivada del mal diseño legislativo en prácticamente todo, pero particularmente en una cosa, que la elección judicial coincida con la elección constitucional ordinaria,” explicó con frialdad. No se trata de una opinión, es una advertencia basada en un análisis técnico que pocos comparten.
El problema, según él, es que la influencia partidista se infiltraría en un proceso que debería ser, por definición, independiente. La elección del Poder Judicial, impulsada por el Gobierno, ya ha tenido su primera fase, con los comicios de junio de 2025. Pero la segunda, en 2027, donde se elegirán los restantes cargos federales y todos los locales, es la que realmente preocupa. La Organización de los Estados Americanos (OEA) ya ha señalado los riesgos, y los especialistas, con la precisión de un cirujano, sugieren simplificar las boletas y evitar la concentración de cargos en una sola jornada electoral.
Pero la verdadera preocupación de de la Mata no son solo los problemas logísticos. Se centra en la integridad del sistema. La posibilidad de impugnaciones masivas, basadas en argumentos de inequidad, representa un riesgo considerable para la estabilidad institucional. La capacidad de las autoridades electorales para gestionar una operación de tal magnitud se cuestiona, siendo la legitimidad de todo el proceso lo que realmente está en juego. No es una cuestión ideológica, sino un imperativo técnico: la democracia necesita reglas claras y un sistema que inspire confianza.
La reforma judicial, en definitiva, se enfrenta a un desafío monumental. Y el magistrado de Aguascalientes no se guarda nada. Su mensaje es claro: separar las elecciones judiciales de las elecciones políticas ordinarias es crucial para evitar una deriva peligrosa. Un error en este terreno, y el edificio judicial podría derrumbarse.